El Marco
viernes 31 de agosto de 2018

Elevan a juicio la causa por el loteo de Candonga

Es contra el ex secretario de ambiente, Raúl Costa, por autorizar a la empresa Ticupil S.A. de forma ilegal.

En un día clave para las asambleas socioambientales cordobesas -por la gran marcha contra la autovía en Punilla, preparada para hoy en capital-, se elevó a juicio la causa de la asociación Vecinos del Chavascate.

El conflicto data de 2010, cuando se autorizó a la empresa Ticupil S.A. para comenzar a trabajar más de 300 lotes en la zona alta de Candonga. La Ley de Bosques provincial define a esa zona como “roja”, es decir no puede ser intervenida, por su valor ambiental.

Dos años antes, en 2008, la misma Secretaría de Ambiente había rechazado el proyecto, por no contar con las regularidades previstas.

El desmonte y las obras del futuro country afectarán, según técnicos de la Asamblea, a toda la cuenca de la zona, incluyendo la provisión de agua de tres localidades: El Manzano, Agua de Oro y Villa Cerro Azul.

Vecinos y vecinas llevaron la lucha a Tribunales, y denunciaron penalmente al ex secretario de Ambiente Raúl Costa, quien autorizó a Ticupil. “Para nosotros es una grata noticia, hace mucho que venimos diciendo que ese loteo es ilegal, la elevación a juicio refuerza esa certeza”, precisó el abogado Juan Smith.

La investigación fue iniciada por la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Hugo Amayusco, quien en 2016 imputó a Costa –actual vicepresidente de la Lotería de Córdoba- por “abuso de autoridad”, ya que no observó el cumplimiento de las leyes. Asambleístas señalan puntualmente que se evitó la consulta a los vecinos mediante audiencia pública, una instancia contemplada por la Ley General de Ambiente.

Tras la jubilación de Amayusco, tomó la causa el nuevo fiscal anticorrupción, Matías Bornancini, quién ahora la elevó a juicio. Costa ya tiene otra denuncia de la misma índole, por contrariar legislación provincial y nacional en la materia ambiental en los loteos de “El Dorado II” y “El Dorado III”. Estos se ubican en un área natural protegida con bosque nativo, en el departamento de Punilla. En este panorama, le tocará enfrentar más de un juicio oral, con jurado popular.

“Estamos en permanente contacto con las otras asambleas. Esto es un movimiento habitual y las ilegalidades son sistemáticas, son emprendimientos que de haberse contemplado las normas ambientales, no habrían sido autorizados”, profundizó Smith.

Un camino largo

Casi ocho años pasaron desde las primeras alertas, cuando la resolución 1200 de la Secretaría de Ambiente de Córdoba autorizó el anteproyecto de Ticupil, que ofrecía lotes en las 150 hectáreas del predio. La oferta incluía cabañas para turistas, canchas

de tenis, fútbol y pileta climatizada. “A veces las asambleas avanzan rápidamente, conceptual e ideológicamente, y la justicia y los funcionarios se quedan atrás. Es prioritario que comprendamos, funcionarios, ciudadanos, y también el Poder Judicial, que estas cosas deben tratarse de forma urgente”, apuntó Smith. ”Hay emprendimientos abusivos de los bienes naturales que tenemos en la zona, entonces nos organizamos, salimos a enfrentarnos, y la reacción del Estado viene después. Ojalá esta vez lleguemos a tiempo, y que seamos más precavidos con el cuidado del agua, los recursos, el bosque nativo”.

La noticia fue recibida cuando las asambleas socioambientales de toda la provincia se aprestan a marchar en Capital contra la construcción de la Autovía de Montaña. El mismo Smith participó de las audiencias de discusión de dicho proyecto, con el caso testigo de Candonga.

“Nos enfrentamos a la negligencia del Estado, y además están los empresarios, con muchísimo poder económico. Necesitamos que eso se equilibre”, analizó Smith, y se anticipa: “Vamos a empezar a exigir que la licencia social sea previa a la licencia ambiental. Quiere decir que si vos vivís en barrio y quieren poner una cantera, que va a impactar en tu salud, en tu tiempo, que habrá explosiones y explotación desmedida de recursos, vos tenés que poder decidir. Porque están en juego tus derechos constitucionales, tu derecho a un amiente sano y a la salud. La extracción de la riqueza deberá amoldarse a esa situación: lo más importante es proteger al ser humano, a los bichos y a las plantas, en igualdad de condiciones”