El Marco
lunes 08 de octubre de 2018

Denuncian al intendente de Unquillo por autorizar loteos en zona roja

La Asamblea del Monte de Unquillo afirmó que las autoridades incumplieron la ley.

Hoy el intendente Jorge Fabrissin, su antecesor Germán Jalil, los concejales Francisco Gabutti, Juan José García, Gabriela Farías, Luciana Presas, Graciela Mónica Domaica y Luis Eduardo Carrizo y ex concejales Marcos Mingorance, María Elsa Riusech y Gabriela Crespo, fueron denunciados por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad” por autorizar el proyecto inmobiliario “El Montecito”, en clara infracción a la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos 9814 y la Ley Nacional 26331.
 
La presente es una ampliación de la denuncia penal que se formuló el 26 de setiembre contra el Ing. Santiago Gerardo Martínez, Jefe del Área de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Córdoba, quien emitió dictámenes técnicos favorables a dicho proyecto, a pesar de haber certificado él mismo que 91,5 hectáreas de las 125 que posee el predio son Zona Roja de acuerdo a la Ley 9814. Dicho informe y su mapa anexo constan en el expediente del proyecto inmobiliario mencionado.
 
A pesar de eso, el mandatario Jorge Fabrissin y los concejales otorgaron a fines de 2016 “prefactibilidad de localización, uso y fraccionamiento”. El mismo delito cometieron en 2012 el intendente anterior, Germán Jalil y los concejales que votaron a favor de la Ordenanza 757, mediante la cual otorgaban “prefactibilidad de localización y desarrollo” a otro proyecto de urbanización distinto, de la misma empresa desarrollista, Cahuana S.A., y para el mismo predio. Dicha prefactibilidad fue revocada por la entonces recientemente asumida gestión municipal en marzo de 2016 por “razones técnicas y legales”, reconociendo que el proyecto se hubiera emplazado en Zona Roja de bosque nativo, y que violaba leyes ambientales nacionales y provinciales.
 
Esta revocatoria se dio además en cumplimiento de promesas de campaña, y en respuesta al masivo rechazo de la comunidad hacia este proyecto, potenciado por las consecuencias del avance desmedido de la urbanización y el negociado inmobiliario en la región en las inundaciones de febrero de 2015. “El Montecito” es ilegal por lo que la comunidad exige a sus autoridades que retiren la prefactibilidad otorgada por la Ordenanza 980/2016 y se anule el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en la Secretaría de Ambiente de la Provincia.