El Marco
viernes 15 de febrero de 2019

La memoria del agua

A cuatro años de las inundaciones del 15F.

Por Agustina Conci

 

Hay una serie de números: 200 milímetros, cayeron durante 22 horas, era el mes dos del año 2015. Eran nueve las víctimas fatales, eran dos mil casas afectadas.
Alguien quiso contar a los damnificados, los ladrillos mojados, los palos de piso los baldes el barro. Los puentes cortados, los vados, las calles, las ciudades. Perdimos la cuenta. Aprendimos a escuchar al río, a medir la fuerza del arroyo, a renovar el pedido a municipios y gobiernos. El agua tiene memoria, aunque le pongan en medio barrios, rutas, puentes o chacras. ¿Y nosotros, tenemos memoria?

Ver Opinión, Rafael Di Marco: “Aprendimos poco y nada”

Córdoba, Agua de Oro, Mendiolaza, Jesús María, Atahona, Unquillo, Cerro Azul, Agua de Oro, La Granja, Salsipuedes, Sinsacate, Totoral, inundados.

El 16 de febrero el entonces gobernador José Manuel de la Sota confirmó que seis personas murieron en la localidad de Río Ceballos producto de las inundaciones. En Colonia Hogar, otras dos personas quedaron atrapadas en un auto bajo el agua. El río Ascochinga sufrió un desborde al caer 150 milímetros de agua en la zona alta. En Jesús María la gente pasó horas sin teléfono, sin luz, y sin poder salir de la ciudad: no había puentes en la zona urbana, y los accesos a la E-53 quedaron clausurados.

Mendiolaza sacaba con baldes agua y barro por las puertas: las calles fueron un delta donde vecinos náufragos se solidarizaban con otros sobrevivientes. Por los días siguientes apenas amainó, pero amigos y familiares salieron a buscar a Mariana Di Marco, la joven que acampaba a orillas del río Ascochinga y que la corriente se tragó durante la noche.

Catástrofe artificial (Colectivo Manifiesto)

En los quince días que siguieron no hubo tregua; el 15 de febrero continúa inevitablemente hasta marzo, como si fuera uno solo, en la memoria del agua.
Fue tanta el agua que cayó -se estima que en una semana llovió el equivalente a cuatro meses- que todos los puentes internos que comunicaban a Jesús María están cerrados: Colón, Maturano, y el de barrio Norte. A esto hay que sumarle la caída del puente Bailey, sobre la ruta 9 norte, que había quedado inutilizable durante la creciente anterior del 15 de febrero, relatan los diarios el 3 de marzo.
El cuatro de marzo supimos que la maldición macondiana que recibíamos se llamaba “tsunami del cielo”. El intendente de Río Ceballos, en cambio dijo que los daños del temporal eran “similares a los de una guerra". Quedó fuera de servicio la planta potabilizadora de agua y dos acueductos estaban rotos. Ese día salió el sol, y las casas que pendían sobre el río Jesús María en barrio La Vertientes se cayeron definitivamente.

 

Cosas que cambiaron
En un informe de 2016, los investigadores del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Humanidades Sergio Chiavassa y Beatriz Ensabella, recorren las consecuencias sociopolíticas de las inundaciones. Hay marcas que dejó el agua, en tocones y puentes, pero también en la comunidad y en sus prácticas.
Hubo días para escuchar sonar alarmas de crecida, simulacros de evacuación y simulacros políticos.
En el informe queda claro que lo que preocupaba en realidad a las comunidades antes de 2015 era… la sequía. Allí se recuerda como el ámbito empresarial propuso obras públicas para paliar la deficiencia de agua en el marco del “boom inmobiliario”. A esto se opusieron “las diversas comunidades organizadas y también los grupos académicos que trabajan en el área. Éstos, mantienen la postura de conservar las cuencas, su bosque, suelo y agua, sin intervenciones, mediante obras de conservación de cuencas altas y sin el avance de los desmontes en zonas serranas para nuevas urbanizaciones”, señala el informe.
Pero el trabajo no solo tiene en cuenta la memoria del agua: resalta la participación sostenida, y la interpelación constante que desde 2012 vienen haciendo colectivos de vecinos y vecinas que quieren pensarse en el territorio, que no piden soluciones, sino que las crean y recrean desde saberes científicos y populares, desde un sentir local y profundamente político.

En primer lugar, se propone trabajar sobre las reservas hídricas y naturales. “El trabajo sobre las reservas hídricas, es una clara demostración de que es posible generar una serie de áreas naturales protegidas que (…) que otorgue seguridad al bosque y proteja las cuencas altas de los ríos y arroyos, ante el avance de la urbanización, los incendios, el desmonte para ganadería y nuevas urbanizaciones, así como los proyectos de trasvase de cuenca.”
Aunque un estudio publicado en El marco dio cuenta de que las reservas muchas veces quedan sólo en el papel, Saldán, La Calera, Mendiolaza y Villa Allende motorizaron una serie de proyectos de conservación para conservar y gestionar las cuencas a escala regional en la Vertiente oriental de las Sierras Chicas. El informe lista la aprobación de las Reservas Hídricas y Recreativas Naturales de Saldán-Inchín en Saldán, Bamba en La Calera, Villa Allende, Mendiolaza y Los Quebrachitos en Unquillo, a las que se suman la única reserva de jurisdicción provincial implementada, con plan de manejo y guardaparques provinciales: Reserva Natural Parque La Quebrada, en Río Ceballos.


Yo ordeno mi casa
Mientras tanto, la Cámara en lo Contencioso Administrativa de 2° Nominación ordenó registrar como “proceso colectivo” una acción de amparo ambiental iniciada por vecinos de la Sierras Chicas en la que solicitaron, entre otras cosas, la implementación de un sistema de alertas tempranas que permita detectar, evaluar, informar y prevenir cualquier fenómeno meteorológico severo en la provincia.
En la causa también se pide la implementación de un protocolo de coordinación de las distintas áreas de la administración pública encargadas de la seguridad pública, tanto provinciales como municipales; la puesta en marcha de un protocolo de manejo del dique La Quebrada y el dictado de un plan de remediación forestal y de urbanización para la zona afectada. Todo ello en virtud de las inundaciones que se produjeron durante febrero de 2015, en las localidades de Unquillo, Villa Allende, Río Ceballos, Mendiolaza, La Granja, Ascochinga y en general en todas las localidades que integran el corredor Sierras Chicas.
En la misma sintonía actuaron pobladores de Jesús María en 2015, quienes pidieron a la Justicia que obligue al Estado a cumplir un plan de obras de remediación y de prevención ante futuras crecidas.
Cuatro años después, las miradas y los caminos judiciales, políticos y socioterriotoriales coinciden en el trabajo conjunto y en la utilización de herramientas técnicas estatales para discutir y pensar los suelos que habitamos. Como destacan Chiavasa y Ensabella, sobre el Ordenamiento Territorial: “si bien es históricamente una herramienta estatal lo que importa entender es que ha sido un importante proceso de imposición de políticas que han beneficiado a determinados grupos económicos y productivos con representación estatal sobre las prácticas de la población en general. Hasta hace diez años el ordenamiento territorial ha sido el caballito de batalla, más que caballito, el ejército de profesionales de batalla, de la silenciosa guerra que al interior del campo político territorial han venido ganando con el avance de la propiedad privada, la comercialización de la tierra y su concentración, el desalojo, los desmontes y la implantación de los usos que económicamente le son redituables a los miembros del subcampo económico-empresarial”.