El Marco
viernes 08 de marzo de 2019

Impulsan proyecto en el Concejo para adherir a la Ley Micaela

Fue presentado en Colonia Caroya. Implica la capacitación obligatoria en género para las personas que integran todas las dependencias municipales.

Las concejales Cecilia Migotti y Melisa Díaz Heredia presentaron un Proyecto de Ordenanza para adherir a la Ley Nacional Nº 27.499 “Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para las personas que integran los tres poderes del Estado”.

La norma lleva el nombre de la joven feminista de 21 años violada y asesinada en abril de 2017, en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. A nivel nacional fue aprobada el 18 de diciembre de 2018 con 171 votos a favor y uno en contra en la Cámara de Diputados y por unanimidad en el Senado de la Nación.

El femicida de Micaela, Sebastián Wagner, había sido condenado a nueve años de prisión efectiva por dos violaciones cometidas en julio y noviembre de 2010. Sin embargo, desde enero de 2016, contaba con salidas transitorias, hasta que el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, le concedió libertad condicional, a pesar de que los informes del Servicio Penitenciario y del Equipo Técnico Crimonológico lo desaconsejaban.

La presión social impulsó esta ley que intenta remediar la mirada patriarcal que tiene la justicia sobre los casos de femicidio: en 2017, casi el 15% de las mujeres asesinadas habían realizado denuncias previas. El número viene en descenso cada año: ellas ya no confían en la justicia ni en dependencias del Estado para resguardar sus vidas, a pesar de que se multiplicaron los pedidos de asistencia al 144. Situaciones similares suceden, por ejemplo, cuando las personas gestantes se acercan a solicitar abortos permitidos por la ley desde 1921, pero el sistema de salud no se los concede.

 

Capacitaciones en los tres poderes

Más allá de la lupa judicial, la normativa impulsada en Caroya tiene la intención de formar a funcionarios y funcionarias en las distintas dependencias municipales, para garantizar mirada de género tanto en el trato hacia dentro, como hacia la comunidad en general. “Todos los agentes del estado que dependen del municipio serán capacitados. Áreas ejecutivas, legislativas y el tribual de faltas”, explicó a El marco la concejal Cecilia Migotti. “Servirá para acompañar a la comunidad en general y a las víctimas en particular”, detalló y dijo que además “van a servir al interior del municipio para problematizarnos algunas prácticas que ya están muy naturalizadas y siguen reproduciendo la desigualdad entre varones y mujeres”, apuntó Migotti.

El proyecto adhiere a la Ley Nacional Nº 27.499, y el artículo n° 2 propone como autoridad de aplicación a la Subsecretaria de Desarrollo Social. La Oficina de Género será la encargada de capacitar en todas las áreas, articulando con la tarea previa de la Universidad Popular.

“El Estado debe destinar recursos humanos para prevenir y erradicar esta problemática. Y debe garantizar una vida libre de violencias”, detalló la concejal Melisa Díaz Heredia.

 

En la provincia

La legisladora de UPC Ilda Bustos presentó en enero de este año un proyecto de ley para que la Provincia adhiera a la normativa en el mismo sentido. En su momento, Bustos afirmó que “la violencia de género es una clara violación a los derechos humanos, utilizada con el objeto de castigar, intimidar y controlar la identidad y el comportamiento de la víctima; por lo tanto es deber ineludible del Estado adoptar medidas preventivas y punitivas cuando se producen violaciones de sus derechos, asegurando que no queden impunes los responsables de los delitos de género”.

El proyecto presentado en Caroya ya fue tomado por otras mesas de trabajo, como la del Concejo Deliberante de Salsipuedes, y se espera sirva como ejemplo para trabajar en distintos municipios.